Paz y dialogo, ni DUI ni 155, que la ciudadanía tome la palabra.
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Barcelona 5 de octubre 2017.  
    La ciudadanía de Cataluña y de toda España estamos viviendo una escalada de tensión y confrontación, que está llevando a todos por una peligrosa pendiente de irracionalidad y fractura.
    El gobierno y las instituciones del Estado tienen una enorme responsabilidad de haber llegado hasta aquí a causa de una absoluta falta de diálogo e iniciativa política durante 6 años. El gobierno español y en particular su presidente Mariano Rajoy, se han escudado detrás de los jueces y policías para encubrir su negativa a dialogar con los representantes del pueblo de Cataluña y con la misma sociedad catalana. Mientras que la ciudadanía de Cataluña mostraba de manera creciente su resistencia a seguir sometida a las agresiones de un PP recentralizador, el gobierno del Estado no ha mostrado ni una sola iniciativa real para revertir la espiral iniciada con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que debemos recordar que fue impulsada por el PP al quedar en minoría política en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de Diputados. Las últimas acciones contra una parte del pueblo de Cataluña que ejercía su derecho a opinar y expresarse el pasado 1 de octubre, en una consulta que no tenía garantías democráticas y por tanto ninguna validez jurídica, han dado un salto cualitativo en la fractura social y emocional en Cataluña en desatar una violencia desproporcionada, gratuita e inútil sobre una parte de la ciudadanía de Cataluña que quería reclamar su derecho a votar y que en las jornadas posteriores ha expresado una justa indignación.
    El gobierno de la Generalitat, encabezado por Puigdemont, que no fue candidato a Presidente en las últimas elecciones planteadas como plebiscitarias, y no obtuvo la mayoría absoluta de votos, se está amparando en la llamada a la soberanía popular para encubrir su corrupción, sus continuos recortes y su sometimiento a la lógica de la Comisión Europea de destrucción de derechos sociales y laborales. Su gobierno ha buscado la escalada del conflicto, renunciando a una acción amplia en el Parlamento de Cataluña por el derecho a decidir y al Estatut, que requiere para su cambio de una mayoría cualificada de ⅔. Con este propósito han empleado la televisión y radios públicas de Cataluña para promover su proyecto independentista sin permitir un debate democrático con otras posiciones y han promovido desde ellos una movilización que los protegiese de sus responsabilidades penales.

El pueblo de Cataluña no puede ser la carne de cañón que pague la incapacidad de uno y otro gobierno para resolver los problemas que con sus acciones y omisiones han generado. Los efectos de la represión no deben ser utilizados para justificar una nueva escalada de confrontación que profundice la fractura social dentro de Cataluña y entre los pueblos de España. No necesitamos más represión, ni mártires en ningún bando, sino más democracia.
Exigimos que el pueblo tenga la palabra. La consulta no ha tenido garantías democráticas, no puede ser vinculante, y por tanto no es aceptable ningún tipo de Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y exigimos que esta se detenga. Además no se puede ignorar que tendría graves efectos económicos, sociales y políticos. Del mismo modo es absolutamente improcedente y rechazable la intervención de Felipe de Borbón, que haciendo dejadez de su papel de árbitro institucional, se ha lanzado a justificar una posible acción autoritaria del Estado sobre las instituciones de autogobierno de Cataluña. La activación del artículo 155 u otras medidas pueden tomar una concreción de extrema violencia, visto el fracaso de las medidas coactivas utilizadas el 1 de octubre. Sin duda a medio plazo serían el final de la monarquía, pero a corto plazo un dolor y un colapso de la vida democrática inaceptable en el siglo XXI, cuya parte peor parada sería el pueblo de Cataluña, pero no la única en ver recortados derechos y libertades.
Hay una salida dialogada, racional, que construya consensos de amplias mayorías y no de mitad contra mitad de la ciudadanía, de pueblo contra pueblo. Desde una postura radicalmente cívica, exigimos devolver la palabra a todo el pueblo de Cataluña para que decida sobre su futuro mediante un referéndum en condiciones, con libertad de expresión, con un acceso no partidista a los medios de comunicación y bajo la soberanía del un Parlamento de Cataluña que busque amplios consensos, tal como establece el Estatuto de 2006. Un Estatuto, que recordemos, votó masiva y legalmente el pueblo de Cataluña.
Ante la incertidumbre que vivimos estos días reclamamos abrir todo tipo de mediación y diálogo que nos alejen del precipicio y la ruptura. Por eso hay que parar la DUI y el 155 y cerrar inmediatamente la escalada de violencia en que se han instalado los dos gobiernos y el Rey. Apelamos a la solidaridad y movilización de los pueblos de España para rechazar ser conducidos a una confrontación entre pueblos hermanos. Hay que movilizarse por la paz, el diálogo y la fraternidad entre pueblos. Llamamos a las fuerzas sociales y políticas auténticamente democráticas a desobedecer a un gobierno autoritario, a movilizar a la ciudadanía en solidaridad con las clases populares de Cataluña, evitando lecturas emotivas e irracionales que hacen el juego a todos los nacionalismos excluyentes.
Superada y detenida la crisis serán necesarias nuevas elecciones en Cataluña que pasen cuentas con un gobierno que a la vez que recorta, utiliza al pueblo para llevarlo una y otra vez a callejones sin salida, incrementando su sumisión e impotencia. Rechazamos toda estrategia política que reduce a la ciudadanía a objetos sometidos a líderes mesiánicos que reclaman un acrítico seguimiento.
Será necesaria la dimisión del gobierno de Rajoy y promover un gobierno del cambio que aborde las soluciones de todos los problemas reales y una solución democrática al conflicto nacional.
Convocamos a articular un amplio bloque democrático y social que ponga las bases de la apertura de un proceso constituyente que permita impulsar un proyecto federal de libre adhesión, avanzado socialmente, que garantice los derechos básicos al pleno empleo, la salud, la educación y recupere la plena soberanía económica y popular que puede hacerlos realidad.